Tecnología y participación
política

Frente a este panorama
existen dos posibles consecuencias con respecto a los derechos humanos: En
primer lugar, la vía hacia la ‘hipociudadanía', es decir, la eliminación
paulatina de la conciencia ciudadana y el desinterés por el ejercicio de nuevos
derechos, a través de varias dinámicas políticas: aumento del control social,
expansión de la informática a través de estándares propietarios, monopolización
de los estándares de hardware, software y patrones de comunicaciones,
promoción de un uso simplemente lúdico de las TIC (incluyendo la expansión del
sector de las consolas y los videojuegos), fomento de un uso superficial y no
comprometido de las redes sociales virtuales, etc. En esta dinámica está claro
que el equilibrio entre ciudadanos e instituciones centralizadas se decantaría
claramente a favor de éstas, dando lugar a un conocimiento centralizado y a
unos flujos de información masivamente unidireccionales -del centro a la
periferia-.
En segundo lugar, existe
una vía posible hacia una ‘hiperciudadanía', un ejercicio más profundo de la
participación política, que podríamos llamar ‘ciudadanía digital' y que nos
alejaría de la actitud nihilista y escéptica que acaba siendo inevitable en la
dinámica anterior. Implica una exigencia de ejercicio más pleno de los derechos
ya consolidados, así como el acceso a derechos intermedios que permitirían
nuevas expresiones de ‘metaderechos'. La hiperciudadanía es la consecuencia de
una dinámica de implantación de los derechos de cuarta generación, a saber:
- La apropiación social de la tecnología, lo que supone emplear ésta para fines no sólo de excelencia técnica sino también de relevancia social; además, favorece el uso de la tecnología para fines diferentes de los propuestos por sus promotores, en ocasiones contrapuestos a los ‘oficiales', dando lugar a formas contraculturales de diferente signo.
- La utilización consciente del impacto de las TIC sobre la democracia, avanzando desde sus actuales formas representativas hacia nuevas formas de democracia participativa.
- La expansión de una serie de derechos intermedios, que incluye el acceso universal y barato a la información, a la difusión de ideas y creencias sin censura ni fronteras y a través de las redes, así como el acceso permanente al ciberespacio a través de redes abiertas y de un espectro abierto (Open Spectrum).
- La promoción de políticas de inclusión digital, entendiendo como derecho a la inclusión no el simple acceso a la compra de productos y servicios informáticos, sino la creación de una inteligencia colectiva que actúe como recurso estratégico a la hora de insertar una comunidad o un país en un entorno globalizado.
- El derecho a disfrutar de servicios de gobierno electrónicos que acerquen la gestión de los asuntos públicos a los ciudadanos.
- La defensa del concepto de ‘procomún' (commons, bienes comunes), conservando espacios de desarrollo humano cuya gestión no esté sometida a las leyes del mercado y al arbitrio de los especuladores.
- La extensión de la lucha contra la exclusión digital a otras brechas históricas de carácter cultural, económico, territorial y étnico que frenan en la práctica el ejercicio de una plena ciudadanía digital.
- La protección frente a políticas de control y actividades de las instituciones de vigilancia social. Por extensión, protección frente al ejercicio de un biopoder (un poder ejercido tanto en la esfera macrosociales como en la microsocial) potenciado por un uso institucional de las TIC.
- La apuesta por el software libre, el conocimiento libre y el desarrollo de múltiples formas de cultura popular, con el objetivo de la consolidación de una esfera pública interconectada.
- Por último, el derecho a participar en el diseño de tecnologías que afectan a nuestras vidas, así como en la evaluación previa de las posibles consecuencias de su implantación.
- La apropiación social de la tecnología, lo que supone emplear ésta para fines no sólo de excelencia técnica sino también de relevancia social; además, favorece el uso de la tecnología para fines diferentes de los propuestos por sus promotores, en ocasiones contrapuestos a los ‘oficiales', dando lugar a formas contraculturales de diferente signo.
- La utilización consciente del impacto de las TIC sobre la democracia, avanzando desde sus actuales formas representativas hacia nuevas formas de democracia participativa.
- La expansión de una serie de derechos intermedios, que incluye el acceso universal y barato a la información, a la difusión de ideas y creencias sin censura ni fronteras y a través de las redes, así como el acceso permanente al ciberespacio a través de redes abiertas y de un espectro abierto (Open Spectrum).
- La promoción de políticas de inclusión digital, entendiendo como derecho a la inclusión no el simple acceso a la compra de productos y servicios informáticos, sino la creación de una inteligencia colectiva que actúe como recurso estratégico a la hora de insertar una comunidad o un país en un entorno globalizado.
- El derecho a disfrutar de servicios de gobierno electrónicos que acerquen la gestión de los asuntos públicos a los ciudadanos.
- La defensa del concepto de ‘procomún' (commons, bienes comunes), conservando espacios de desarrollo humano cuya gestión no esté sometida a las leyes del mercado y al arbitrio de los especuladores.
- La extensión de la lucha contra la exclusión digital a otras brechas históricas de carácter cultural, económico, territorial y étnico que frenan en la práctica el ejercicio de una plena ciudadanía digital.
- La protección frente a políticas de control y actividades de las instituciones de vigilancia social. Por extensión, protección frente al ejercicio de un biopoder (un poder ejercido tanto en la esfera macrosociales como en la microsocial) potenciado por un uso institucional de las TIC.
- La apuesta por el software libre, el conocimiento libre y el desarrollo de múltiples formas de cultura popular, con el objetivo de la consolidación de una esfera pública interconectada.
- Por último, el derecho a participar en el diseño de tecnologías que afectan a nuestras vidas, así como en la evaluación previa de las posibles consecuencias de su implantación.
En particular, existen
tres elementos que inciden en el desarrollo de esta ciudadanía digital: en
primer lugar, la relación entre derechos intermedios y metaderechos; en segundo
lugar, la relación entre poder comunicacional como forma de biopoder y la
ciudadanía digital, y en tercer lugar, el concepto de Red como ecosistema y
como procomún (Benkler & Ostrom), dos formas de enfrentar un contra-poder
social al citado poder comunicacional, que dan lugar a la aparición de las
‘comunidades virtuales' como manifestación de procesos de socialización de la
innovación y de creación de ‘conocimiento periférico'. Veamos cada uno de
ellos.
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